1. Introducción

Mantener un crecimiento sostenido en el comercio exterior representa uno de los más importantes desafíos que enfrentan los países para consolidar la sustentabilidad futura de sus economías.  Tal y como destacan varios organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas, en las últimas dos décadas, el comercio y la inversión internacional están creciendo a tasas más aceleradas que los valores agregados del Producto Interno Bruto (PIB) de la economías.  Esto ofrece la oportunidad de acelerar el crecimiento económico ya que ello implica una mayor integración al mercado mundial.

Esta situación encierra desafíos, pero no puede ser vista sólo como una amenaza ya que también conforma un escenario de oportunidades.  Asimismo, el avance de las negociaciones que se lleven a cabo en los frentes subregionales, hemisféricos y multilaterales, está configurando un marco de reglas de juego a las cuales el comercio internacional deberá ajustarse en el futuro.

Dentro de este panorama internacional, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe y puede ser pieza clave en esta etapa de intensificación del comercio y la inversión internacional.  Para lograrlo hay que fortalecer, agilizar y modernizar sus instituciones como condición necesaria para mejorar la competitividad y eficiencia económica de lo sectores productivos y de servicios del país.  Así mismo, debe actuar estratégicamente en la búsqueda de nuevos mercados de exportación y la consolidación y ampliación de los mercados ya existentes.

En relación con estos temas, además de la exigencia de condiciones macroeconómicas adecuadas, se ha revivido en Puerto Rico un amplio debate que gira alrededor de las siguientes interrogantes: (i) ¿Qué tipos de instrumentos de apoyo son los apropiados para mejorar la competitividad y eficiencia económica de los factores de producción?; (ii) ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la estrategia de desarrollo?; y (iii) ¿Qué normas de orden nacional, subregional o internacional influyen en el diseño de esos instrumentos de apoyo y en los mecanismos correspondientes de aplicación?

Para contribuir a este debate, se debe plantear inmediatamente un punto de consenso en cuanto a la estrategia de desarrollo a adoptar, partiendo de la realidad internacional y a la luz de las actividades promovidas por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La promoción de las exportaciones deberá ser constituído como un elemento central en la estrategia de desarrollo de la economía de Puerto Rico.  Actualmente, las economías enfrentan condiciones distintas a las de décadas pasadas, tanto en el plano interno como externo.  Estás presentan un mayor grado de apertura comercial, situación generalizada a nivel mundial.  Por otra parte, las economías se hallan sujetas al reforzamiento de las reglas del comercio internacional luego de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la cual surgió un nuevo marco normativo, de amplio alcance temático y geográfico.

La creciente globalización de la economía mundial obliga a las naciones a realizar mayores esfuerzos para lograr ser competitivos a ese nivel y para consolidar dicha competitividad en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, la globalización brinda mayores oportunidades para realizar negocios de exportación e incorporar nuevas tecnologías. Por ello, instrumentos que puedan resultar adecuados para apoyar el ingreso a nuevos mercados no aseguran necesariamente la permanencia en ellos, para lo cual se requiere la construcción de una estrategia de sustentabilidad competitiva en el mediano y largo plazo.

En este contexto, la Sección 27 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como “Ley Jones” o “Leyes Federales de Cabotaje de 1920”, ha sido señalada como un instrumento que no se adopta a las exigencias que el nuevo escenario global presenta, como condición para establecer relaciones de negocios duraderas.  El razonamiento teórico que emana en la oposición a la aplicación de la Ley Jones es la restricción al libre comercio entre naciones.  Según la teoría económica clásica, el libre comercio hace posible el desarrollo de una verdadera división internacional del trabajo y, a su vez, permite a los países especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios que ofrecen ventajas comparativas.[4]  Cuando un determinado país posee eficiencia económica en la producción de ciertos bienes y servicos, éstos podrán ser intercambiados en el mercado internacional por aquellos bienes y servicios que no son producidos de manera eficiente en el país.  Esta interdependencia comercial, basada en la ventaja comparativa, generará unos niveles de ingresos y de calidad de vida superiores en comparación a aquellos países que no son partícipes del comercio internacional.

A pesar de que la Ley Jones restringe el comercio entre puertos dentro de los Estados Unidos de América, sus opositores en Puerto Rico argumentan que este estatuto federal es una limitación al libre comercio, al excluir la competencia extranjera del mercado de transportación marítima de la Isla; y tiene como efecto orientar el mercado hacia los Estados Unidos.  Además, en el caso de Puerto Rico, este estatuto federal equivale, a su vez, a un impuesto en la transportación marítima de mercanías que Puerto Rico compra y vende a los Estados Unidos de América.

Otro aspecto a destacar es la existencia de “fallas de mercado”; particularmente, en los aspectos sobre disponibilidad de información y el costo de obtener la misma.  Por ejemplo, los exportadores no poseen, por lo general, toda la información respecto, entre otras cosas, a oportunidades de negocios, preferencias de los consumidores, exigencias en cuanto a características y calidad de los productos en los mercados de destino.  La obtención de esta información por parte de un exportador individual tiene costos muy altos, por lo cual ese exportador no invertirá lo socialmente deseable en obtenerla. Esto es así, dado que no podrá apropiarse de la totalidad de los beneficios derivados de su obtención, ya que otros exportadores la podrían aprovechar también sin invertir en su adquisición.

En el caso de Puerto Rico, esta asimetría de información entre los exportadores es alta, debido a que éstos no poseen información completa sobre los costos de transportación marítima de mercancía ya que, por medio de la Ley Jones, no tienen acceso al mercado internacional de transportación marítima.  Esta simple distorsión en la determinación de los precios relativos de transportación marítima conllevará, de una manera directa, a incrementar los costos de transacción en el comercio exterior de Puerto Rico.

Por otro lado, aquellos que defienden la Ley Jones argumentan que es la única forma en que las leyes federales ambientales y laborales (incluyendo aquellas que restringen desde la disposición de desperdicios hasta el salario minímo) podrán ser aplicables en aguas territoriales estadounidenses.  Segundo, por razones de seguridad nacional, la Ley Jones es necesaria para mantener una marina mercante capaz de proveer transportación durante periodos de guerra y de emergencia nacional.  Además, éstos argumentan que la diferencia entre los costos de mantener la Ley Jones vis-a-vis los beneficios de derogar la misma son mínimos.

Ante estos argumentos a favor y en contra de las leyes federales de cabotaje, la pregunta sobre cuánto es el costo de la Ley Jones es central en esta discusión.  El presente trabajo muestra, de forma preliminar, un análisis econométrico sobre el efecto del régimen actual de comercio exterior en relación a la transportación marítima en la economía de Puerto Rico. El mismo esta organizado en ocho secciones. La Sección 2 provee una sinopsis del significado de la Ley Jones, de cómo éstas aplican a otras posesiones o teritorrios y, a su vez, como comparan a nivel internacional.  La Sección 3 presenta una revisión de la literatura con relación a estudios realizados sobre el efecto de la Ley Jones en la economía de Puerto Rico. Las Secciones 4 y 5 presentan el modelo econométrico a ser estimado y las variables a utilizarse, respectivamente.  Por último, el Capítulo 6 presenta los resultados obtenidos y la Sección 7 provee las conclusiones y recomendaciones del estudio.

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